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¿Qué lugar social para el suicidio asistido?

La ley suiza tolera el suicidio asistido siempre y cuando el paciente cometa el acto por su propia mano. Keystone

Más de un 60% de los ciudadanos suizos se muestra de acuerdo con la práctica del suicidio asistido en este país. Esta realidad social ha llevado a la clase política a mejorar el acceso a los cuidados paliativos a fin de aliviar el generalizado temor a la mala muerte.

En Suiza las dos principales asociaciones de asistencia al suicidio son Exit y Dignitas. Ambas han hecho posible el suicidio de 560 personas a lo largo de 2011. Esto equivale a uno de cada tres suicidios que tuvieron lugar el pasado año en Suiza.

Pero si bien el derecho a la muerte digna es apoyado de forma clara por una gran mayoría de suizos, quedan lagunas respecto a ciertos detalles prácticos que dividen a la opinión pública.

Un buen ejemplo de esto pudo verse el mes pasado en la votación que tuvo lugar en el Cantón del Vaud y que debía regular el derecho a ejercer el suicidio asistido en residencias de ancianos dependientes de subvenciones y ayudas públicas.

Los votantes aceptaron la propuesta gubernamental que obliga a las residencias de ancianos y hospitales a aceptar esa práctica solo cuando la persona sufre de una enfermedad incurable. Aparte de esto, la única condición que impone la ley suiza es que en dicha asistencia no medie interés egoísta alguno.

Pero el doctor especialista en cuidados paliativos Andreas Weber, que trata anualmente a unos 300 pacientes terminales, conoce los deseos y necesidades de las personas al borde de la muerte. Este médico estima que unos 20 pacientes suyos expresan un verdadero deseo de morir gracias al suicidio asistido, mientras que solo uno o dos pasan al acto.

Weber explicó cuáles son sus razones en un reciente congreso de la Federación Mundial de Sociedades por el Derecho a Morir, realizado en Zúrich.

Temor al sufrimiento

“Los dos principales motivos que llevan a los pacientes a buscar el suicidio asistido es el temor al sufrimiento y no querer ser una carga para los familiares, o el verse obligados a ir a una residencia de ancianos. Para un grupo minoritario, se trata también de un simple deseo de no querer continuar así”, explicó el médico a los delegados.

“De hecho, se encuentran en un dilema: no quieren partir demasiado tarde, y verse obligados a sufrir; ni irse demasiado pronto y dejar pasar una buena parte de la vida. Pero cuando se enfrentan a estos dos temores, encuentro que los deseos de suicidio se desvanecen”, comenta el doctor Weber.

Lo que sus servicios de cuidados paliativos ofrecen al paciente es la promesa de un control adecuado del dolor hasta el final, o la opción de la sedación en caso de dificultades respiratorias. Estos servicios incluyen igualmente cuidados a domicilio las 24 horas del día para los pacientes agonizantes.

Simonetta Sommaruga, ministra de Justicia de la Confederación, hizo énfasis en el rol de los cuidados paliativos e hizo un alegato a favor de los cuidados paliativos en todo el país durante su alocución ante el congreso.

“El suicidio asistido es una posibilidad, pero los cuidados paliativos ofrecen otras elecciones a la gente que se enfrenta al fin de la vida. La decisión de recurrir al suicidio asistido debería ser tomada con pleno conocimiento de estas otras posibilidades”, afirmó Sommaruga.

Pero otra médica presente en el congreso dijo que ella y sus colegas carecían de los equipamientos adecuados para enfrentarse a las necesidades de pacientes terminales, y pidieron un entrenamiento exhaustivo en cuidados paliativos.

Suicidio asistido en expansión

El fiscal de Zúrich, Andreas Brunner, con amplia experiencia en juicios por casos de suicidio asistido, señaló la extensión del grupo de candidatos al suicidio asistido que vemos en los últimos años.

“Al comienzo, el argumento era que el suicidio asistido estaba pensado para los enfermos terminales, luego fue ampliado el supuesto a los muy enfermos enfrentados a un sufrimiento extremo”, analiza Brunner. “Pero más tarde la idea se expandió para abarcar a los ancianos que sufrían los achaques de la edad o una combinación de enfermedades, para finalmente llegar incluso hasta la gente sana”.

En opinión de Brunner, las organizaciones de asistencia al suicidio en Suiza dejan que desear en materia legal. De hecho, el fiscal pide mayor legislación en dicho campo dado que no existen regulaciones para la selección, formación o seguimiento de los asistentes al suicidio.

“A las organizaciones no se les exige que operen siguiendo criterios no lucrativos y no son debidamente controladas. Tampoco se les pide que mantengan archivos exhaustivos de sus casos”, afirma el fiscal quien precisa: “Al comentar esto no digo que las organizaciones de ayuda al suicidio no cumplan ya con algunos de estos requisitos. Lo que opino es que estas reglas deberían establecerse claramente en la ley”.

La ministra Sommaruga abordó la cuestión en su discurso. “El Gobierno ha estudiado todas las propuestas y llegado a la conclusión (en junio de 2011) que las leyes existentes eran suficientes para prevenir los abusos”.

La consejera Federal dijo que era evidente que cualquier condición impuesta acerca del suicidio asistido implicaría rápidamente enormes limitaciones al ejercicio del libre albedrío. “Y eso es algo que el Gobierno no quiere”, sentenció.

Universos separados

Al otro lado de la calle donde tiene lugar el congreso, en un aula alquilada a una escuela de idiomas, un pequeño grupo de militantes pro vida y anti eutanasia llevan a cabo su propia “contra conferencia”.

Alex Schadenberg, del Consejo para la Prevención de la Eutanasia (y participante del congreso) comentó a swissinfo.ch que veía problemas inherentes al suicidio asistido organizado.

“El problema con estas organizaciones es que están directa e intencionalmente implicadas en la muerte de otras personas. Proveen los medios y posiblemente también dan consejo. Por tanto, se ha perdido una cierta distancia en la protección de la gente”, argumentó.

Pero de vuelta al congreso, y al otro extremo del tema, nos encontramos con el doctor australiano Philip Nitschke, autor de “The Peaceful Pill” (La Píldora Pacífica). Este médico está a favor de lo que denomina la Opción DIY: “Quitemos de en medio los aspectos legales y médicos, y demos al paciente la información y la tecnología para terminar con su vida, si así lo desea”.

La ley suiza tolera el suicidio asistido siempre y cuando el paciente cometa el acto por su propia mano y quienes le ayudan no tengan ningún interés egoísta en su muerte. El suicidio asistido se practica en este país desde los años 40.

La muerte es inducida, en general, a través de una dosis letal de barbitúricos recetados por un doctor. Pero la ingestión del veneno, ya sea bebido o a través de una inyección intravenosa, debe ser llevada a cabo por el paciente que desea morir, sin ninguna ayuda externa.

Una decisión del Tribunal Federal suizo de 2006 estableció que toda persona en uso de sus capacidades mentales (sin tomar en cuenta si eran o no enfermas terminales) tiene el derecho a decidir sobre su propia muerte.

En junio de 2011 el Gobierno examinó varias opciones a fin de regular la asistencia al suicidio, pero decidió abstenerse, pero en cambio potenciar la prevención del suicidio y los cuidados paliativos.

En Suiza existen dos organizaciones que proveen la asistencia al suicidio, se trata de EXIT y Dignitas.

Las diferentes posiciones existentes respecto al suicidio asistido fueron expuestas el pasado mes de junio, cuando el Cantón del Vaud se convirtió en el primero en introducir una ley que expresamente regula y limita el acceso al suicidio asistido.

El 62% de los votantes del Cantón del Vaud respaldaron 

una propuesta para que los hospitales y residencias de ancianos acepten la práctica del suicidio asistido bajo ciertas condiciones.

El paciente en cuestión debe estar sufriendo de una enfermedad incurable y tener plenas facultades mentales. La decisión acerca de si ambos criterios se cumplen corresponde al director de la residencia de ancianos o al médico jefe del hospital.

Esta idea central es rechazada de plano por Exit, quien ve estos poderes médicos como “una intrusión inaceptable en las libertades individuales, y una forma de paternalismo”.

Traducción, Rodrigo Carrizo Couto

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