La libertad de prensa, una prueba para la neutralidad suiza

Diversas ONG piden a los gobiernos que en lugar de hacer amplias declaraciones sobre la libertad de prensa, ayuden a liberar a los periodistas encarcelados e investiguen los casos de asesinatos de miembros de la prensa. Keystone / Lynn Bo Bo

Tras el asesinato de un destacado columnista saudí el año pasado, Suiza declinó sumarse a una condena conjunta. Periodistas y defensores de la libre expresión se preguntaron entonces hasta qué punto Berna se tomaba en serio los esfuerzos para presionar en favor de la libertad de prensa en todo el mundo.

Unos seis meses después de que el periodista Jamal Khashoggi fuera asesinado en el consulado saudita en Estambul había surgido un movimiento internacional poco común que condenaba severamente el historial en materia de derechos humanos de Arabia Saudita.

Todos los países miembros de la Unión Europea, junto con varios otros, firmaron una declaración en Ginebra que solicitaba al Estado del Golfo cooperar en la investigación de un relator de las Naciones Unidas sobre el asesinato. Pero Suiza rechazó participar.

Reporteros sin Fronteras (RSF) Suiza condenó enérgicamente esa decisión. “Suiza es un país que tradicionalmente defiende los derechos humanos, particularmente la libertad de expresión y de prensa”, subrayó el secretario general de la organización, Denis Masmejan

El caso refleja el fino equilibrio entre los funcionarios suizos de alinear los valores del país con los intereses económicos y su tradicional neutralidad. La reacción a la muerte de Khashoggi y recientes medidas políticas muestran que Berna prefiere aún los reproches privados a la presión pública, pero las nuevas iniciativas para proteger la libertad de los medios de comunicación podrían empujar al país a asumir un papel más visible en la escena mundial.

Poco después del asesinato de Khashoggi en 2018, Suiza emitió una declaración conjunta con otros países en el Foro de Paz de París para expresar su preocupación por las amenazas a la libertad de prensa y señalar una intención común de trabajar en un proyecto de “información y democracia” inspirado en una iniciativa encabezada por RSFEnlace externo. Y este mismo verano, Suiza firmó un Compromiso Mundial por la Libertad de los Medios de ComunicaciónEnlace externo iniciado por Canadá y el Reino Unido.

El compromiso, que se dio a conocer en la primera conferencia mundial sobre la libertad de los medios de comunicación, celebrada en Londres en julio, “tiene por objeto consignar las violaciones y abusos actuales contra la libertad de los medios de comunicación en todo el mundo comprometiendo a los países a trabajar juntos”, explica Kristen Ambler, consejera política de la embajada canadiense en Berna.

Unos 26 países han firmado el compromiso y una la lista actualizada de signatarios será publicada en el marco de la próxima Asamblea General de la ONU que se celebrará en Nueva York este mes, indica Ambler.

Se repetirán los crímenes

Los críticos, sin embargo, se mantienen cautelosos sobre el impacto que estos textos tendrán en última instancia, dado el grado de reacción internacional a casos como el de Khashoggi. Su asesinato, al igual que otros casos de violencia contra periodistas y la mordaza a los medios de comunicación, han puesto a prueba la voluntad real y la capacidad de los países para defender las libertades de los medios de comunicación en casos específicos, más allá de las declaraciones.

“La respuesta internacional a la muerte del periodista saudita ha sido poco eficaz”, escribió en The Washington PostEnlace externo, Agnès Callamard, relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales. Las sanciones impuestas por algunos países contra personas relacionadas con el asesinato “no consignan la responsabilidad de los altos dirigentes saudíes”.

“Sin una acción internacional, está claro que se producirán otros crímenes similares”, añadió Callamard y dijo que el Secretario General de la ONU debería abrir una investigación, como ya se ha hecho en casos de asesinatos políticos.

También cree que la ONU debería establecer un mecanismo independiente para la “investigación penal de los asesinatos selectivos de periodistas y defensores de los derechos humanos”.

Mientras se firmaba en Londres el Compromiso Mundial por la Libertad de los Medios de Comunicación, un grupo de ONG, incluida RSF Internacional, urgió a los paísesEnlace externo a adoptar y financiar la propuesta de Callamard para ese mecanismo. Al expresar cierto escepticismo sobre el Compromiso Global, las ONG enumeraron una serie de pasos que los Estados deben adoptar para “hacerse responsables ellos mismos y sus contrapartes” por el encarcelamiento, asesinato y ataque a periodistas, y “lograr un progreso demostrable”.

Reproches en privado

A la pregunta de cómo respondió Suiza al asesinato de Khashoggi y de la periodista Daphne Caruana Galizia en Malta en 2017, Pierre-Alain Eltschinger, del Ministerio de Exteriores de Suiza, afirma que, cuando se trata de casos individuales, la nación alpina “aborda la cuestión a nivel bilateral”, y en foros multilaterales para “situaciones más preocupantes”. Añade que las autoridades suizas plantearon el caso del disidente saudí “a nivel bilateral en varias ocasiones, así como en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra”.

Para cumplir con el compromiso sobre la libertad de prensa, “acciones concretas redundan en interés de Suiza”, añade el portavoz de Asuntos Exteriores. Señala la creación de una ‘Coalición para la Libertad de los Medios de Comunicación’ que permitirá a los Estados que han firmado el compromiso coordinar sus esfuerzos internacionales.

Suiza participa en otras iniciativas sobre la libertad de prensa, como la asociación con la UNESCO para fortalecer la libertad de expresión en el África francófona y un proyecto a través de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) tendiente a mejorar la seguridad en línea de las periodistas.

Preservar el proceso democrático

Además de garantizar el respeto a los derechos de la prensa, a las ONG les preocupa también preservar un “espacio de comunicación e información [que] permita el ejercicio de los derechos y la democracia”, como establece una declaraciónEnlace externo que acompaña a la Iniciativa para la Democracia y la Información de RSF. Las amenazas actuales, según los autores de la declaración, incluyen el control político de los medios de comunicación y la llamada “desinformación” en línea.

El mes pasado, la iniciativa de RSF recibió un gran respaldo cuando el grupo de Estados del G7 apoyó unánimemente un proceso político, la llamada Asociación para la Información y la Democracia, que debería “hacer posible la implementación de garantías concretas”, según RSF InternacionalEnlace externo.

Eltschinger afirma que el Ministerio de Exteriores “estudia la posibilidad” de que Suiza se adhiera a la asociación, que será firmada por algunos países en el marco de la Asamblea General de la ONU a finales de este mes.

Hasta que la asociación se dé a conocer en Nueva York, sigue sin estar claro lo que realmente implica en términos de compromisos concretos.

Para Masmejan, de RSF Suiza, no hay duda alguna sobre el camino que debe seguir la decisión suiza. “Este texto, que no es jurídicamente vinculante, sienta las bases para garantizar que los ciudadanos reciban información libre y fiable, lo que es un requisito previo para el buen funcionamiento de una democracia”, escribe en un correo electrónico.

Democracia y desinformación

Con motivo del Día Internacional de la Democracia (15 de septiembre), las embajadas canadiense y británica en Berna, y swissinfo.ch, organizan una mesa redonda sobre la desinformación y su impacto en el proceso democrático. El panel, que tendrá lugar el 12 de septiembre, contará con la participación de las expertas Samantha Bradshaw, investigadora del Oxford Internet Institute, y Fabrizio Gilardi, profesor de análisis de políticas de la Universidad de Zúrich. El debate será moderado por la periodista de swissinfo.ch Geraldine Wong Sak Hoi. La entrada es gratuita y abierta al públicoEnlace externo.

Traducido del inglés por Marcela Águila Rubín