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May acepta cambiar un proyecto de ley para evitar una rebelión de los euroescépticos

La primera ministra británica, Theresa May, espera en su residencia campestre de Chequers, en el noroeste de Londres, la llegada del presidente estadounidense, Donald Trump, el 13 de julio de 2018 afp_tickers

La primera ministra británica, Theresa May, logró este lunes que el Parlamento aprobara su proyecto de ley sobre el funcionamiento de las aduanas tras el Brexit, pero para ello tuvo que hacer concesiones a los diputados euroescépticos de su partido conservador.

El texto fue adoptado de noche por 318 votos a favor y 285 en contra, y ahora deberá ser estudiado por los Lores, en la Cámara Alta del Parlamento británico.

El proyecto de ley prevé una serie de acuerdos técnicos después de que Reino Unido abandone la Unión Europea (UE).

May aceptó dos enmiendas al texto impulsadas por el influyente diputado ultraconservador Jacob Rees-Mogg, ardiente defensor de un Brexit sin concesiones.

“Siempre me alegra escuchar las preocupaciones de mis colegas”, dijo la primera ministra a los diputados.

Pero, al satisfacer a los euroescépticos, el gobierno se granjeó las críticas de los miembros más eurófilos de su partido, en una enésima ilustración de las divisiones persistentes en Reino Unido respecto al Brexit.

De hecho, el secretario de Estado de Defensa, Guto Bebb, descontento con las enmiendas aceptadas por May, dimitió el lunes por la noche.

“¿Quién manda en este país? ¡Son los que no quieren un Brexit responsable!”, declaró Anna Soubry, una conservadora pro-UE, en un claro ataque contra los partidarios de un Brexit duro.

Para presionar a la primera ministra, Jacob Rees-Mogg había recordado que el gobierno conservador estaba a merced de una revuelta, ya que no tiene una mayoría absoluta en la Cámara Baja.

“La consecuencia inevitable de la aritmética parlamentaria es que deberá modificar [su texto]”, había declarado antes de la votación.

– ¿Un nuevo referéndum? –

En el centro del descontento se encuentra el “plan de Chequers”, una propuesta del ejecutivo británico para conservar una estrecha relación comercial con el continente tras el Brexit.

Considerado como una deformación del referéndum del 23 de junio de 2016 para los partidarios del Brexit duro, este plan, cuyos detalles fueron desvelados el jueves, provocó las dimisiones de los ministros de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, y del Brexit, David Davis, respectivamente.

El sucesor de David, Dominic Raab, tiene que reunirse esta semana con el negociador de la UE, Michel Barnier, para intentar reanudar las discusiones, bloqueadas por el problema de la frontera irlandesa, que el “plan de Chequers” tendría que, en teoría, resolver.

Londres tiene poco tiempo para defender su propuesta. Los negociadores tendrían que llegar a un acuerdo antes de octubre para permitir que los Parlamentos europeos y británico lo ratifiquen antes de la entrada en vigor del Brexit, prevista el 29 de marzo de 2019.

Mientras el tiempo apremia y continúan las divisiones, la idea de celebrar un nuevo referéndum sobre la salida de la UE tiene cada vez más partidarios en Reino Unido.

La exministra de Educación, Justine Greening, que había defendido la continuación del país en la UE, consideró en el Times que una nueva consulta sería “la única forma de abandonar” el actual “callejón sin salida”.

Ese referéndum ofrecería tres opciones a los británicos: el plan negociado por May con Bruselas, una salida sin acuerdo con la UE o un mantenimiento en el bloque comunitario.

Según el Times, Justine Greening tiene el apoyo de otras figuras pro-UE del partido conservador como la exministra del Interior, Amber Rudd, y el extitular de Justicia, Dominic Grieve.

Greening es la primera diputada conservadora de ese nivel que apoya un segundo referéndum, una petición expresada también por el Partido Liberal Demócrata y los ecologistas, dos pequeñas formaciones eurófilas.

En cuanto a la principal formación opositora, el Partido Laborista, no descarta esa oportunidad, que May ha rechazado en varias ocasiones.

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